Más de quinientas personas se manifiestan en la plaza del Ayuntamiento para reclamar un nuevo acuerdo laboral y el cumplimiento de los acuerdos www.lasprovincias.es  24-02-2022   Con el convenio prorrogado desde 2019, más de 500 funcionarios salen a la calle para manifestarse contra el trato recibido por el Ayuntamiento. «Cada día que pasa estamos perdiendo calidad de vida. El nivel de vida sube y nuestros salarios siguen igual», se lamenta un policía local de Valencia. Le preocupa no poder mantener a su familia. Su bolsillo se resiente a medida que pasan los días. «Tengo una mujer y una hija que mantener. También una hipoteca y un coche que pagar».     Con un sabor agridulce en los labios, refleja la realidad que ahoga a los funcionarios: «Nosotros miramos por la ciudadanía pero el ayuntamiento no mira por nosotros».   Rubén es bombero. Su vocación de servicio hace que se preocupe más por cómo afecta la falta de personal a la ciudadanía. «Abren oposiciones para altos cargos, pero no para los bomberos que estamos a pie de calle. La falta de efectivos puede perjudicar gravemente al ciudadano», dice sin tapujos.   En la espalda de su camiseta puede leerse el eslogan: "bomberos quemados". No es el único que la lleva, los manifestantes pertenecientes a su gremio utilizan este humor ácido para reivindicar mejoras en sus condiciones de trabajo. No cesarán en su empeño hasta que los parques de bomberos vuelvan a contar con el personal suficiente y la exigencia de tener que hacer horas extra deje de ser una losa en la espalda de los trabajadores.   El hartazgo de los funcionarios hace latir Valencia. Vicente Gil, coordinador del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), carga junto a sus compañeros con un ataúd de cartón con un esqueleto de plástico caracterizado con el uniforme de policía. En él se puede leer: «RIP servicio público».   Con la concejalía de personal en julio de 2020 se llegó a un acuerdo en la mesa general por el cual se reconocía el esfuerzo de los servicios esenciales con la concesión de la medalla de oro de la ciudad. Esta parte ya se cumplió pero todavía pende de un hilo la promesa de los cinco días de fiesta que todavía no se han otorgado.   «Desde la concejalía de personal se está intentando rebajar el acuerdo que se alcanzó y deben cumplirlo. Si llegamos a acuerdos y no se cumplen tenemos un problema», destaca Gil.   "Con la negociación del nuevo convenio vienen a quitar derechos que ya tenemos consolidados", denuncia Vicente Gil, coordinador del SPPLB   También pesa el acuerdo laboral prorrogado desde 2019. El coordinador del SPPLB denuncia: «Ahora que estamos con la negociación del nuevo convenio vienen a quitar derechos que ya tenemos consolidados, como la conciliación familiar».   El objetivo de estos colectivos es trasladar al Ayuntamiento su descontento. "Estamos dando todo lo que se nos pide, pero no se nos escucha. Hemos hecho muchas horas extra, sobre todo durante en la época de confinamiento", destaca otro bombero. Mientras tanto, su nivel de vida "está estancado a la baja", comenta con desánimo. La pena y la rabia se entremezclan en sus palabras a partes iguales. Considera que a los trabajadores de servicios esenciales, como es su caso, no se les reconoce ni la mitad de trabajo que se les exige.   "Nos negamos a aceptar un acuerdo que no mejore la situación anterior", asegura José Vicente Tarazona, secretario general de CSIF en el Ayuntamiento   La central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) tiñe la plaza del verde de sus banderas. José Vicente Tarazona, el secretario general en el ayuntamiento del CSIF, argumenta que "la corporación está mostrando poco interés en negociar un acuerdo para la renovación del convenio". Su postura es clara: "Todos los que estamos aquí nos negamos a aceptar un acuerdo que no mejore la situación anterior".   Reivindicar el futuro Las trompetas, tambores e instrumentos de la Banda Municipal de Valencia consiguen que las protestas de los trabajadores resuenen por toda la Plaza del Ayuntamiento. Agustín Puig ondea la bandera del Sindicat de Treballadores i Treballadors de les Administracions i els Serveis Públics (STAS). Lleva en la Banda Municipal desde 1992. Considera que la agrupación musical es "su vida" y le aterroriza que el traspase de su gestión haga tambalear los cimientos de su hogar. "Es como si fuera mi casa".   "Todos los músicos cuando empezamos a estudiar tenemos el sueño de pertenecer a una formación profesional como en mi caso es principal banda de Valencia".   La banda tiene el problema añadido de que el Ayuntamiento tiene previsto traspasar su gestión al Palau de la Música de Valencia. "Queremos seguir perteneciendo al Ayuntamiento de Valencia. Me preocupa que empeore la calidad laboral de los trabajadores", expresa Agustín de forma rotunda. Piensa a futuro, está centrado en luchar por un futuro mejor para los músicos emergentes. "Tengo un hijo que acaba de terminar la carrera de música y el día de mañana se podrá presentar a la Banda Municipal de Valencia si salen plazas en el Ayuntamiento". Asegura que de traspasarse la gestión, "el futuro en las manos del Palau de la Música es mucho más incierto".    

Subdelegación descarta de momento seguir recurriendo contra la VPT de Benidorm EL AYUNTAMIENTO LA APLICA DESDE EL PASADO MES DE SEPTIEMBRE www.alicanteplaza.es  21-2-22 www.cadenaser.com  21-2-22   La Subdelegación de Gobierno de Alicante no recurrirá la decisión de la jueza de desestimar su demanda contra la Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) y la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Benidorm. Así lo confirmaron fuentes del organismo a este diario que señalaron que de momento no recurrirán el fallo, aunque todavía tienen que estudiar en profundidad la sentencia. De este modo, el Consistorio puede respirar tranquilo frente a la aplicación de los nuevos documentos desde el pasado mes de septiembre.   Como adelantara Alicante Plaza, la magistrada del Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante ha desestimado el recurso contra el acuerdo plenario que aprobaba ambos documentos. El principal motivo es que se tendría que haber recurrido, además del acuerdo plenario, el presupuesto municipal en el que irían incluidas esas subidas salariales. "Es un cambio de criterio del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de hace escasamente unos meses. Se presentó el recurso como se hacía antes y se ganaba", explicaron fuentes de Subdelegación al conocer el fallo.   No obstante, la jueza también entra a valorar el resto de aspectos a pesar de que partiendo de esa base, el recurso ya estaría rechazado. Subdelegación consideraba que las modificaciones en las retribuciones complementarias que contempla el expediente son superiores a las que establece el artículo 2 del Real Decreto Ley 2/2020 de 21 de enero. Es decir, el 2% salvo que se especifique la excepcionalidad, que afirman que no es el caso. El mismo preveía un aumento del complemento de destino en 214 puestos de trabajo, un 27,57% de los puestos totales, mientras que el aumento del complemento específico afectaba a 268 puestos, lo que supone el 30,45% del total.     La jueza desestima el recurso de Subdelegación de Gobierno y avala la nueva VPT de Benidorm   El fallo menciona que los cambios salariales no se pueden imputar a la RPT por sí sola. Además, argumenta que el recurso apela al incumplimiento de un artículo que hace referencia al 2020 cuando se llegó a implantar en 2021, y no concreta cómo se supera el límite salarial fijado.    Frente a la satisfacción mostrada por parte del Sindicato Profesional de Policías y Bomberos (SPPLB), que se llegó a presentar como parte interesada, el Ayuntamiento de Benidorm, a través de su concejal de Personal, Ángela Zaragozí, no quiso entrar a valorar la sentencia ni dar declaraciones al respecto.

La Subdelegación del Gobierno pierde su recurso contra la subida salarial de los funcionarios de Benidorm www.abc.es  20-01-22   El sindicato SPPLB reclama a la subdelegada que «pague de su bolsillo» las costas judiciales   «Una gran cacicada sin precedentes». Así ha valorado el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) el recurso de la Subdelegación del Gobierno en Alicante contra la Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) de los funcionarios del Ayuntamiento de Benidorm, que lleva aparejada una subida salarial en algunos casos y han avalado los tribunales. Por eso, han instado a su titular, Araceli Poblador, a que «pague de su bolsillo» las costas judiciales tras haber perdido el contencioso.   En un comunicado, el SPPLB ha acusado a los representantes del Gobierno en la provincia de «seguir directrices del PSOE y, después de amenazar, recular y volver a amenazar hasta en dos ocasiones con tumbar la valoración, presentar una denuncia», en contra del acuerdo plenario en Benidorm el pasado 20 de diciembre de 2020.   Ante este «ataque indiscriminado y sectario de la Subdelegación del Gobierno y por ende, de los dirigentes del PSOE en la Comunidad Valenciana contra Benidorm y contra los trabajadoros municipales», el SPPLB se personó en la causa por dos vías, como sindicato y a nivel particular como empleado de ese Ayuntamiento, su vicesecretario nacional, Francisco A. Gonzalez.   Ahora, el juzgado contencioso-administrativo número cuatro de Alicante, ha fallado contra la Subdelegación del Gobierno, basándose en jurisprudencia del Tribunal Supremo.   En concreto, se precisa en la sentencia que, en todo caso y si hubieran estado disconformes, debían recurrir el presupuesto municipal del Ayuntamiento globalmente y no únicamente la partida destinada la VPT de la plantilla municipal, que «respeta total y fielmente el incremento de retribuciones de los funcionarios de la Administración Local que establece anualmente la Ley de Presupuestos Generales del Estado».   «Politización burlesca»   Aparte de la cuestión legal, el sindicato ha puesto de relieve el trasfondo político que -á su entender- hay detrás de este conflicto: «La sentencia corrige, sin lugar a dudas, las acciones arbitrarias de la Subdelegación, que es una institución políticamente utilizada de manera burlesca». Para argumentar esta crítica, desde el SPPLB señalan que la institución «no denuncia en aquellos lugares donde gobierna el PSOE, no impugna las VPT, por ejemplo, en Elda y Denia, y por el contrario donde gobiernan otros partidos de signo contrario, impugnan por sistema y también son condenados de manera reiterada». Y menciona entre estos últimos el caso de Benissa y ahora de Benidorm, donde ha sido condenada a pagar las costas.   Por eso, el SPPLB «insta a Araceli Poblador Pacheco, subdelegada del Gobierno en Alicante, a que pague las costas judiciales de su bolsillo, y a que midan con sensatez sus actuaciones» y recuerda que le advirtieron en 2010 de que el Ayuntamiento de Benidorm aprobó otra revisión de los puestos de trabajo municipales con informes contrarios de la Intervención, sin que adoptaran ninguna medida.   Este asunto, cuando gobernaba el PSOE en el municipio alicantino, está siendo objeto de investigación judicial, tras denuncia de este sindicato que luego hizo suya la Fiscalía, y que desde el SPPLB describen como «una valoración de puestos de trabajo encubierta para amiguetes, afines y familiares con un incremento salarial de 4,5 millones euros» para 43 posibles enchufes.

Exigen al alcalde socialista de Novelda destituir al jefe de la Policía investigado por falsedad documental www.abc.es  19-01-22   El oficial está a punto de ser juzgado por presuntamente usar un informe fraudulento para apartar a otro agente a un despacho y sin arma.   El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) ha pedido al alcalde de Novelda, Francisco José Martínez Alted (PSOE), que destituya al jefe de la Policía Local, a quien nombró hace cuatro meses, porque está siendo investigado por un presunto delito de falsedad documental y podría ser juzgado en breve.   La denuncia ha partido de un conflicto con un oficial, a quien según relata la Fiscalía del caso, apartó de las calles y destinó a tareas administrativas en un despacho y le retiró el arma reglamentaria con un informe fraudulento en el que justificaba esta medida por problemas de salud. En concreto, aseguraba que tenía «una fístula abierta en el brazo que a cualquier trauma podría desencadenar una situación de hemorragia grave, desvanecimientos frecuentes, reiterados accesos de ira y de inestabilidad emocional, con constantes enfrentamientos con miembros de esta plantilla así como de funcionarios del Ayuntamiento y miembros de la corporación».   No obstante, el Ministerio Público -que pide para el denunciado una pena de cuatro años de prisión- achaca esta situación a un conflicto entre el jefe y el oficial porque este último ejerce actividad sindical y había reclamado justo un día antes de ese informe sobre su salud que se anularan plazas de interinos, incluida la del denunciado.   «Humillación»   «Estamos absolutamente indignados con la forma de proceder del intendente Jefe de la Policía Local de Novelda y entendemos que, a tenor del informe del Fiscal, se ha extralimitado totalmente en sus funciones con el único y concreto objetivo de humillar y apartar de la circulación a un oficial de esta plantilla, y delegado sindical nuestro, mandándolo a una oficina y retirándole el arma reglamentaria, amparándose en un informe que según la fiscalía es totalmente falso y por si fuera poco, que lo elaboró con pleno conocimiento de causa, es decir, a sabiendas», ha valorado el vicesecretario nacional del SPPLB, Francisco Á. González.   A su juicio, este responsable policial no puede continuar en el puesto: «Si es capaz de hacer esto con un oficial de la Policía Local, con muchos años de servicio, ¿qué sería capaz de hacer contra cualquier ciudadano de a pie?».   Para el secretario provincial del sindicato, José María Jiménez, el alcalde «ha hecho oídos sordos» ante las peticiones de destituir al jefe de la Policía Local como medida cautelar, porque es «inaceptable, lamentable y vergonzosa» su actuación y -a su juicio- «no está a la altura de ejercer con honestidad y responsabilidad la jefatura de ninguna plantilla de Policía Local».

El Sindicato Profesional de Policía Locales denuncia la mala gestión de la Covid en Castelló www.castelloninformacion.com  14-01-22   Solicitan equipos de protección individuales con mascarillas FPP2 para los trabajadores municipales    El sindicato de Policías Locales y Bomberos (Spplb) de Castelló ha remitido un comunicado en el que han denunciado lo que consideran una mala gestión de la Covid por parte del Ayuntamiento de Castelló para con sus trabajadores. Han solicitado equipos de protección individuales con mascarillas FPP2, sobre todo para los funcionarios que trabajen de cara al público. Informan también, que debido a los contagios entre los agentes de seguridad han disminuido el número de patrullas en el Área de Seguridad.   Comunicado del SPPLB   “Desde el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (Spplb) del Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana, queremos hacer público nuestro malestar con la gestión que se está llevando a cabo por parte del Ayuntamiento de Castellón respecto a la crisis del Covid-19.   Debido al aumento de casos positivos en estas últimas semanas en todos los ámbitos de nuestra sociedad estamos solicitando que se extremen las precauciones y se suministren los equipos de protección individual (EPIs) necesarios para poder garantizar al máximo la seguridad de los trabajadores del Ayuntamiento que prestan servicio de cara al público.   Desde el mes de agosto, estamos solicitando al Departamento de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Castellón que se suministren mascarillas FPP2 para todos los trabajadores que prestan servicio de cara al público y para cada día, pero no se ha tenido en cuenta nuestra solicitud.   Actualmente se están entregando 2 mascarillas FPP2 a la semana a cada trabajador y varias mascarillas quirúrgicas.   No entendemos porqué se nos dan “largas” al contestarnos, por parte de la Corporación, que van a suministrar mascarillas FPP2 para cada día de trabajo, cuando no es así, porque repetimos, estamos insistiendo con este tema desde el pasado mes de agosto.   Con esta falta de transparencia y responsabilidad por parte de la Corporación Municipal se están poniendo en riesgo la vida y la salud de los trabajadores que prestan servicio al público y también las de los propios ciudadanos.   También queremos informar de que han disminuido el número de patrullas en el Área de Seguridad debido al positivo de varios miembros de la plantilla, ya que no se crean grupos “burbuja” ni se toman las medidas pertinentes para minimizar lo máximo posible los riesgos de contagio, afectando al servicio al ciudadano y a la calidad del mismo a causa de los contagios”.                

Benidorm deberá abonar unos 70.000 euros al funcionario que ejercía de Jefe de Emergencias pero no cobraba como tal   www.alicanteplaza.es  4-1-22   BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm deberá abonar unos 70.000 euros al funcionario que ejercía como jefe de Emergencias y Movilidad desde octubre de 2015, pero que no percibía las retribuciones por ello.    Así lo ha estimado el juzgado contencioso-administrativo número cuatro de Alicante, tras el recurso presentado por el Sindicato Profesional SPPL. La sentencia fue notificada a principios de diciembre, no es firme y contra ella cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.    La reclamación data del 23 de octubre de 2020, cuando el funcionario en cuestión, un técnico de administración general adscrito a Tesorería, reclamó el reconocimiento del derecho al percibo de las diferencias retributivas existentes entre las propias del puesto de trabajo de origen, y el que ha venido desempeñando, el de jefe de Emergencias y de Movilidad desde octubre de 2015. La reclamación ya se había presentado ante el ayuntamientos, pero se había desestimado por silencio administrativo, dice el fallo judicial.    El hecho en sí no fue discutido ni siquiera por el ayuntamiento. Sin embargo, en su contestación de la demanda, sí que dijo el consistorio benidormí que las cantidades  a percibir por el recurrente son las diferencias retributivas complementarias -complemento de destino y complemento especifico correspondientes a la categoria superior de administrativo. La juez discrepó de esa interpretación y consideró que el operario público debía percibir las “retribuciones íntegras”, concepto que engloba no sólo las retribuciones complementarias – como son el complemento específico y el complemento de destino-, sino además las retribuciones básicas.   Por tanto, la juez da la razón al funcionario y condena al consistorio, no sólo a pagar la diferencias retributivas existentes entre las de su puesto de trabajo de origen y el que ha venido desempeñando como Director de Área de Seguridad y Movilidad desde el 22 de diciembre de 2015 a la actualidad, con el consiguiente abono de las cantidades devengadas y los intereses, además de las costas.   El Sindicato de Profesionales ha pedido explicaciones al Ayuntamiento de Benidorm por no haber aceptado la reclamación en primera instancia y haber generado, a las arcas públicas, gastos innecesarios con este nuevo fallo contra el consistorio, que se suma a otros anteriores que han acabado con el mismo final: se reconocen los derechos de los trabajadores a percibir parte de los honorarios devengados por ocupar un puesto diferente y, además, se condena al consistorio.

Piden a la Diputación de Albacete que se persone como acusación en el caso de los amaños www.elespañol.com  22-12-21   Comunicado oficial del Sindicato de Policías y Bomberos de Albacete ante la investigación de la Policía Nacional sobre una presunta trama de amaños en el acceso a la Función Pública en la Diputación albaceteña.         El Sindicato de Policías Locales y Bomberos de Albacete ha hecho público este miércoles un comunicado en el que pide a la Diputación Provincial que se persone como acusación particular en el caso de la presunta trama de amaño de oposiciones de la que viene informando EL ESPAÑOL EL DIGITAL CLM a raíz de la investigación puesta en marcha ahora por la Policía Nacional en la institución provincial por supuestas irregularidades entre los años 2013 y 2016.       Como se sabe por las informaciones de nuestro periódico, este caso se ha reactivado a raíz de la investigación abierta por el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional ante la presunta existencia de una trama de amaño de las oposiciones de la Diputación de Albacete que estaría integrada por al menos 14 empleados de la institución provincial.       Ante esta situación, y tal como hemos informado, la Diputación de Albacete, que preside actualmente el socialista Santiago Cabañero, ha mostrado su "absoluta disposición" a colaborar con la investigación, igual que ha hecho el presidente del PP de Castilla-La Mancha y presidente de la Diputación entre los años 2011 a 2015, Paco Núñez, sorprendido por las insinuaciones lanzadas desde el PSOE contra él por este asunto.       El caso ha despertado también reacciones fuera del ámbito de la política. El Sindicato de Policías Locales y Bomberos de Albacete ha remitido a nuestro periódico un comunicado en el que piden a la Diputación que se persone como acusación particular y recuerda parte de los hechos producidos en torno a este caso.       Bajo el titular de "La Diputación está obligada a personarse como acusación particular", este sindicato informa de que ha solicitado formalmente, y por registro, que la institución provincial albaceteña "cumpla lo acordado" en la comisión de investigación en noviembre de 2016.   El contenido íntegro del comunicado es el siguiente:       "Recientemente se ha hecho público en los medios de comunicación a nivel nacional, la existencia de una investigación judicial abierta llevada a cabo por el Grupo de delincuencia económica y fiscal de la Policía Nacional por la presunta existencia de una organización criminal compuesta por funcionarios de la Diputación de Albacete y Junta de Comunidades que se dedicaba a amañar oposiciones en la oferta de empleo publico de 2009.       Debido al gran número de quejas de opositores que participaron en los procedimientos selectivos, además de las coincidencias familiares entre los aprobados y miembros de los tribunales o de un mismo sindicato  se creó una Comisión Especial para el Estudio de dicha oferta de empleo público mediante acuerdo Plenario de la Excma. Diputación Provincial de Albacete en fecha 6 de Agosto de 2015 y de conformidad con lo preceptuado por el artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.       Esta comisión de información hizo públicas sus conclusiones en pleno de diputación , llegando a la conclusión de que los resultados de algunos de ellos, fueron condicionados de forma decisiva por la presunta existencia de una cadena de favores basados en relaciones políticas, sindicales, personales o laborales. Cuyas conclusiones se aprobaron en el Acuerdo adoptado por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de noviembre de 2016, con los votos a favor del SPPLB, CC.OO., U.G.T, Ciudadanos, Ganemos-IU, PSOE y los votos en contra del Partido Popular y del sindicato CSIF.       El punto tercero de dicho acuerdo dice así: 'La Excma. Diputación Provincial de Albacete se personará como acusación particular, en cualquier procedimiento judicial de carácter penal que se pueda inicia'       Por todo ello nuestra sección sindical ha solicitado por registro a la corporación , los grupos politicos y sindicatos que votaron a favor del dictamen reconociendo los más que evidentes motivos que hicieron levantar las sospechas  entre los aspirantes , que Diputación cumpla  lo acordado en mencionado punto tercero del acuerdo y se persone como acusación particular".   Cruce de acusaciones       Hasta aquí el comunicado del Sindicato de Policías y Bomberos de Albacete. Como venimos informando, la investigación de la Policía Nacional desvelada ahora por EL ESPAÑOL EL DIGITAL CLM, ha provocado un cruce de acusaciones entre el PSOE y el PP en Castilla-La Mancha, aunque ambos partidos y la propia Diputación albaceteña se han puesto a disposición de la autoridad policial y judicial pertinente para aclarar todo lo que puedan al respecto. 

Funcionarios de la Diputación de Albacete amañaban oposiciones para colocar a familiares www.elespañol.com   17-12-21   La Policía Nacional ha intervenido material de espionaje para grabar reuniones de tribunales donde se decidían las preguntas de exámenes.      Una tempestad judicial de proporciones bíblicas se cierne sobre la Diputación Provincial de Albacete. El Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional ha destapado una organización criminal integrada por funcionarios de esta institución supuestamente dedicados a amañar exámenes de oposición. EL ESPAÑOL ha accedido en exclusiva a las diligencias por supuestos delitos de cohecho y organización criminal, que de momento afectan a catorce empleados públicos de distinto rango. El escándalo es mayúsculo porque solo acaba de empezar el efecto dominó...      La lista de oposiciones que están en la diana policial es ingente, con el perjuicio que ello supone para cientos de opositores que pagaron tasas, academias para prepararse las pruebas, y que se dejaron las pestañas a base de horas estudiando un examen al que llegaron otros aspirantes con el aprobado garantizado para acceder a un puesto de trabajo. De hecho, su único esfuerzo consistió en empollarse, unos días antes, 2/6 las respuestas a las preguntas que les filtraron presuntamente funcionarios de la Diputación y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que integraban el tribunal opositor en cuestión.      En los informes policiales, figuran bajo sospecha convocatorias a oficial electricista, administrativo, bombero, mecánico conductor de automóvil, portero, ingeniero técnico de obras públicas, monitor deportivo, guarda, profesores de Música, Artes Escénicas... Para darle más morbo a la investigación, la persona que ha tirado de la manta es la exmujer de un ingeniero técnico industrial de la Diputación de Albacete, al que la Policía Nacional sitúa como presunto cabecilla de la trama.      "Mi representada formuló denuncia ante la Comisaría de Policía Nacional de Albacete poniendo de relieve los hechos delictivos de los que había tenido conocimiento como esposa del querellado, con el deseo de que pudieran investigar aquellas conductas ilícitas que han perjudicado tanto a los ciudadanos, como a las instituciones públicas, y que han provocado a lo largo del tiempo una situación de intranquilidad, desasosiego y ansiedad en mi representada", tal y como expone la denuncia que provocó que el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal iniciase una 'caza de brujas' en la Diputación de Albacete.      Desde 2013 hasta 2016, el citado ingeniero supuestamente ha liderado a un grupo de empleados públicos en una trama de amaños de oposiciones, consistente en dar un trato de favor a los aspirantes que seleccionaban. Así lo expone -sin paños calientes- la Policía Nacional: "Nos encontramos ante una organización criminal de funcionarios que obtenía los exámenes de las oposiciones a Diputación, con la finalidad de beneficiarse de las distintas plazas ofertadas para sí mismos o para sus allegados".      La 'ex' del ingeniero es concejal en un Ayuntamiento de la provincia albaceteña y destapó este 'tocomocho' opositor aportando en sede policial un 'pendrive'. El dispositivo almacenaba grabaciones de una reunión del tribunal de una oposición a oficial electricista donde se acordaron las preguntas del examen, así como archivos de texto con cuestiones que se incluyeron en otras oposiciones de electricista y guarda.    Material de espionaje      Los tentáculos de la trama criminal son tan alargados, que los investigadores ponen en tela de juicio la pulcritud de los procesos de oposición convocados en los últimos años por este órgano de gobierno de la provincia. "Parece que en la Diputación se hubiera convertido en lo habitual, que las plazas de oposiciones fueran para los allegados a los funcionarios de este organismo, convirtiéndose en 'modus' habitual, oposición tras oposición, cambiando el 'modus operandi', según el caso (...)".      Para filtrar las preguntas de los exámenes la organización recurría a dos prácticas. La primera consistía en usar material de espionaje debido a que antes de las reuniones de cualquier tribunal opositor, sus integrantes tenían que entregar su móvil al secretario. De modo que los funcionarios investigados, empleaban desde un bolígrafo espía, equipado con un micrófono para grabar la sesión, a tarjetas telefónicas prepago, a las que insertaban micros que se activaban mediante una llamada desde el exterior, incluso portaban un bolso con un habitáculo secreto para una grabadora.      Durante la reunión se decidían los contenidos de los exámenes, de modo que ellos salían con las preguntas grabadas para posteriormente transcribirlas y pasarlas a los 'elegidos'. La segunda práctica consistía en introducir en el tribunal a varios miembros de esta supuesta trama, los cuales acudían a la sesión con una batería de preguntas previamente redactadas y se coordinaban para introducirlas en la prueba. El resultado final no variaba: las cuestiones luego eran filtradas al opositor u opositores seleccionados.       De los dos métodos, el del espionaje era más efectivo que el de colar a varios miembros de la trama en el tribunal para decidir el contenido final de la prueba. Valga como botón de muestra dos convocatorias de febrero de 2015, donde los agentes puntualizan que en la oposición a guarda, la organización dispuso de 51 de 80 preguntas, mientras que en la de oficial electricista se hicieron con el 100% al grabar la reunión.   'Quid pro quo'      El gancho para que los funcionarios se sumasen a la trama, consistía en obtener un empleo para toda la vida siguiendo el principio de 'quid pro quo': "Si tú colaborabas como miembro del tribunal para que aprobara un allegado de otra persona, posteriormente en otra oposición te ayudarían a ti para que aprobara un allegado tuyo".      Pasar a formar parte de un tribunal es sencillo porque sus miembros son elegidos entre el personal de la Diputación de Albacete, a propuesta de los sindicatos y de la Corporación Provincial. De forma, que los tribunales que diseñaban los exámenes a veces estaban tan corrompidos que cinco de sus siete miembros se dedicaban a soplar las preguntas.      La Policía Nacional ha cotejado los datos personales de los integrantes de los tribunales de las convocatorias auditadas y ha cantado bingo porque hay nombres "recurrentes", así como una relación directa entre aprobados y miembros de tribunales. "Llama la 4/6 atención que de 1.783 aspirantes a la oposición de operario, por la modalidad de oposición libre, en la que todos parten en igualdad de condiciones, cinco de los seis aprobados tengan vínculos con personas investigadas en esta trama".      El contenido de uno de los informes es demoledor por la cadena de favores que dibuja y que supuestamente se ha instaurado desde 2013 entre algunos funcionarios, con el objetivo de mercadear con plazas de empleo público convocadas desde la citada institución:      "Todo ello explicaría el interés, o riesgo, de sumarse a la introducción de grabadoras en reuniones de tribunales, prepararse las preguntas para la reunión del tribunal o cualquier otro acto en la obtención de los exámenes y filtración de estos, medidas que se iban modificando según pasaban las pruebas. Lo que supuestamente llevaba a que miembros de tribunales ayudaran a aprobar a opositores relacionados directamente con miembros de otros tribunales, y estos ayudaran a aprobar a los opositores relacionados con miembros de otros tribunales, quedando todo entre ellos, aprobando cónyuges, hijos, familiares, amigos y sobre todo, ellos mismos"   Cambiazo al ordenador      La logística tecnológica de la organización era tan amplia, que contaban con un ordenador idéntico a uno de la Diputación y lo usaban para sustituir el original para extraer las preguntas definitivas del examen codiciado. Una vez que habían dado el cambiazo, disponían de un pendrive con un 'software' propio de un hacker que les permitía dotar de conexión a internet a cualquier dispositivo e imprimir un documento en la impresora más cercana -sin configuración previa-.      "Posteriormente, el examen supuestamente se enviaba por correo electrónico a una dirección email externa o a una impresora para obtenerlo en papel". Los aspirantes a los que filtraban una copia de la prueba, podían llegar con cero puntos a oposiciones en la modalidad de concurso, ya que luego se hacían con la primera plaza y con la mejor nota sin tener experiencia ni cursos. Así ocurrió en la convocatoria de operario que se llevó la hija de un antiguo jefe de área de la Diputación Provincial.      Las víctimas colaterales de esta trama son todos aquellos opositores que cumplieron preparándose honradamente los temarios. La cifra de damnificados puede ser disparatada a la vista de los datos de las convocatorias: 117 aspirantes para dos plazas de oposición libre y concurso oposición de oficial electricista, 246 aspirantes para dos plazas de guarda, 35 a subdirector del Servicio Provincial de Bomberos...      El Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal sitúa como cabecilla de esta supuesta organización criminal de funcionarios, a un ingeniero técnico de obras públicas con gran prestigio en la provincia de Albacete. "Identificado por la denunciante [su exmujer] y una testigo, como la persona que en el audio entrega los objetos grabadores".      Además, uno de los teléfonos intervenidos es de su propiedad y se ha confirmado que se utilizó para realizar llamadas a micrófonos grabadores en los días de reunión de los tribunales opositores. "Es quien aparte de hacer entrega de objetos, pone en marcha la grabación, dice donde dejar los objetos, posicionar el micrófono, dinámica de la operativa, emite órdenes, controla la situación y da cuenta de la habitualidad de esta práctica", tal y como figura en un atestado policial.   Una denuncia guiada      El ingeniero ha contratado al afamado abogado murciano Raúl Pardo-Geijo, para que ejerza su defensa. "Los hechos son rotundamente falsos", subraya el penalista, al tiempo que asegura que la exmujer de su cliente le pidió dinero al funcionario para no tirar de la manta. "La denunciante, que a día de hoy no ha superado la ruptura matrimonial, lleva durante dos años extorsionando a mi cliente y a otros compañeros de trabajo con los que tiene relación directa, para que le sean abonados 200.000 euros, a cambio de no filtrar una información que, según dice, está relacionada con posibles amaños en la Diputación desde el año 2013".      El letrado puntualiza que el funcionario no cedió al pago de los 200.000 euros y ejerció acciones legales contra su 'ex', a la sazón, confidente policial de la trama. En la actualidad, esta mujer es concejal en un Ayuntamiento de la provincia albaceteña y se encuentra "procesada" por extorsión y por revelación de secretos -al aportar documentación económica personal durante el proceso de divorcio-.      "Ahora, años después, esta mujer interpone una denuncia dirigida por un claro enemigo de varios de los denunciados, ya que aporta información de imposible conocimiento por su parte, y además, la acompaña con un pendrive que para dar veracidad a su espuria tesis, contiene archivos personales de mi defendido, junto a otros burdamente manipulados", zanja Pardo-Geijo. La investigación estaba declarada bajo secreto de sumario: ahora el escándalo opositor albaceteño es público.                      

El caso de los 43 enchufes del PSOE en Benidorm llega a juicio contra dos exconcejales y seis técnicos   Detectan indicios de prevaricación, tráfico de influencias y malversación por las «relaciones familias y políticas» con el gobierno local   www.abc.es  14-12-2021 www.elespañol.com  14-12-2021 www.benidormaldia.com  14-12-2021   El caso de los 43 enchufes investigados en el Ayuntamiento de Benidorm cuando gobernaba el PSOE en 2010 llega a juicio tras el auto de procedimiento abreviado dictado por el juzgado número 2 del municipio, por los «indicios racionales» de los delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Se sentarán en el banquillo dos exconcejales socialistas y seis técnicos municipales, por un perjuicio económico para las arcas públicas de 4,5 millones de euros.   La forma en que se favoreció a personas con «relación familiar o política con el equipo de gobierno», según describe este auto, consistió en aplicar subidas salariales -con el informe contrario del interventor municipal- y en cubrir plazas de trabajo sin justificar.   En consecuencia, se considera que hubo una «irregular política de personal y presupuestaria» con un «delito continuado de tráfico de influencias» y se responsabiliza a ocho acusados.   Están procesados por sus cargos y funciones en aquel momento Carmen Navarro Orts (como jefa de Recursos Humanos), Juan Ramón Martínez Martínez (concejal delegado de Recursos Humanos), Daniel Caneiro Espino (coordinador de Recursos Humanos y jefe de Personal), Natalia Guijarro Martínez (concejal de Recursos Humanos), Julio Fernández Lleras (jefe del departamento de Nóminas), María Dolores Cantó Cerdá (técnica de Relaciones Laborales del departamento de Recursos Humanos), María Matilde Martínez Pérez (jefa de Negociado de Personal) y José Asensio Salamero (funcionario municipal).   Complicidad de los técnicos   Desde el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), que denunció las irregularidades que luego, a su vez, llevó al juzgado el Ministerio Fiscal, han valorado que «queda claro que el político puede tener responsabilidades por firmar resoluciones injustas y ordenar cualquier cosa, pero el funcionario, en definitiva, los técnicos, deben velar por la legalidad, por lo que tienen la misma responsabilidad o mayor». Además, han puesto de relieve que «un político sin la ayuda de los técnicos no puede cometer este tipo de delitos en una Administración pública, además, la prevaricación administrativa es el peor delito que puede cometer un funcionario». Según señala el SPPLB, como ejemplo de las colocaciones «a dedo», se constata que «la contratación personal laboral de nuevo ingreso se cifra en 130 nuevos contratos, el personal funcionario de nuevo ingreso se cifra en 13, a pesar de que según la tasa de reposición establecida en la Ley 26/2009, correspondían únicamente 3 nuevos ingresos»   Familiares y amigos   Entre los 43 enchufes bajo investigación en esta causa, están el padre, el marido y el hermano de tres concejales socialistas de aquel momento, y otros beneficiados vinculados a la lista municipal de este partido en las elecciones.   Uno de los casos más escandalosos que se destapó con la denuncia de este sindicato apuntaba al secretario general de UGT en el Ayuntamiento,Daniel Caneiro, uno de los investigados que será juzgado, y que pudo llegar a cobrar más que el alcalde. El SPPLB le acusó públicamente, además, de «prohibir» al departamento de Nóminas que facilitara esa información sobre su sueldo.   También llamó la atención en su día la creación de una plaza de criminólogo, que existe en unas pocas ciudades españolas con más población, pero inusual en municipios de 60.000 habitantes como Benidorm. Todos estos dispendios, en un momento de crisis y austeridad. El volumen de información y la cantidad de beneficiados por los incrementos retributivos de miles de euros hizo que este caso se convirtiera en «causa compleja».     www.elespañol.com

Carlos Mazón defiende la protección a los policías y la Guardia Civil frente a la reforma legal del Gobierno   El presidente del PPCV se suma a la movilización en Valencia y el sindicato SPPLB tacha de «cacicada» la pretensión de Pedro Sánchez www.abc.es  24-11-21   El presidente del PPCV, Carlos Mazón, se ha sumado a las movilizaciones de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se ha comprometido a «defender su protección» frente a la reforma de la conocida como Ley Mordaza por el Gobierno de Pedro Sánchez. Este miércoles, el dirigente popular ha participado en Valencia en la concentración que se ha realizado en varias ciudades. Efectivos de las Policías Nacional y Local y la Guardia Civil reclaman «una España segura contra la Reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana», coordinados por la plataforma «No a la España insegura». «Si desprotegen a los que nos protegen no solo no tendremos seguridad sino que nos quedaremos sin libertad y con esta ley que quiere imponer el Gobierno de Sánchez vamos en el sentido contrario dejando de lado la labor de policías y guardias civiles por la seguridad ciudadana», ha alertado Mazón.     Miembros del SPPLB, en la concentración de Alicante - ABC   El máximo dirigente de los populares valencianos ha asegurado que a la reforma legal se une que «gracias a la desastrosa gestión del Consell» en la Comunidad Valenciana va a haber una merma de efectivos. «Nos vamos a quedar sin 1.000 policías locales interinos en los ayuntamientos valencianos porque Puig se niega a dar una nueva prórroga, tal y como ha pedido el grupo del PP en una enmienda a la Ley de Acompañamiento», ha denuncido.   Por su parte, el presidente del PP de la provincia de Alicante, Toni Pérez, se ha sumado también a las protestas y ha afirmado que «con la seguridad de los alicantinos y de todos los españoles no se puede mercadear». A su juicio, «parece que el Gobierno lo que quiere es una ley pero de inseguridad, que desprotege de facto la actuación de nuestras fuerzas de seguridad ante la delincuencia, que les deja en desventaja ante el delincuente y el delito».   «Bloquear la labor policial» El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), ha incidido en las repercusiones de este cambio normativo. «Denunciamos que el Gobierno (PSOE y sus socios de Unidas Podemos), pretenden reformar la Ley de Seguridad Ciudadana con el objetivo claro y maquiavélico de bloquear y obstaculizar la labor policial, dejando a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad indefensos, desprotegidos y a los pies de los caballos», ha declarado su vicepresidente nacional, Francisco A. González, tras la concentración en Alicante.   «Tienen claro que nos quieren ver desarmados legal y materialmente, y por otro lado, dan facilidades para improvisar una manifestación sin autorización previa y sin tiempo para montar un dispositivo que garantice la seguridad a policías y ciudadanos», ha denunciado el dirigente sindical de Benidorm.   Entre otros detalles, ha recordado que la nueva ley «permite alegremente difundir fotos y grabaciones de policías, y se carga la presunción de veracidad de los agentes de la autoridad para que no tenga valor probatorio, y así tenga el mismo valor que la de un delincuente o infractor».   Por lo tanto, ha considerado que se trata de «una cacicada en toda regla, pues se ha decidido sin consenso, ni participación de los profesionales, ninguneados totalmente y sin, ni tan siquiera, consultar o pedir opinión».   Desde el SPPLB han recordado también que estas concentraciones son previas a la gran manifestación que está prevista para el sábado 27 de noviembre en Madrid.