Benidorm: El fiscal rechaza el archivo para el dirigente de UGT en el caso de los 43 enchufes del PSOE en Benidorm

ABC.ES

Daniel Caneiro había pedido al juez el sobreseimiento en su causa por prescripción de los tres posibles delitos

 

El máximo representante de UGT en el Ayuntamiento de Benidorm, Daniel Caneiro, solicitó el sobreseimiento de su causa en el caso de los supuestos 43 enchufes a afines al PSOE durante la etapa del anterior alcalde, Agustín Navarro, hoy diputado provincial.

Tanto el denunciante que destapó estas presuntas irregularidades -el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB)- como el fiscal rechazan la prescripción de los delitos que argumenta Caneiro, durante años ejerció como responsable de Recursos Humanos y personal de confianza del alcalde.

El Ministerio Público plantea al juez que fija un plazo máximo para la instrucción de más diligencias «a fin de continuar la investigación y recabar cuantos vestigios y medios probatorios permitan acreditar los hechos inicialmente imputados».

Por su parte, el SPPLB coincide en pedir al magistrado que prorrogue la investigación y señala que Caneiro tuvo una responsabilidad fundamental en las contrataciones y pluses de productivamente supuestamente irregulares «y tampoco lo hacía gratis, todo se hacía por una gran cantidad de dinero recibida en nómina vía compensación».

Guijarro, a declarar

En este mismo caso, el juez ha citado a declarar en calidad de investigada a la exconcejal de Hacienda, Natalia Guijarro, según consta en una providencia a la que ha tenido acceso Efe.

Guijarro tendrá que acudir el próximo 4 de mayo a prestar declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2, que la investiga por un supuesto delito de prevaricación administrativa.

La exconcejal socialista ya fue llamada por primera vez el pasado 6 de marzo, aunque en aquella ocasión el juez decidió suspender la declaración debido a la carga de trabajo que tenía y "para estudiar mejor la causa", según explicaron los abogados de las partes.

En esta causa, el juzgado también investiga al exalcalde Agustín Navarro, el exconcejal de Recursos Humanos Juan Ramón Martínez, la exjefa de Personal Carmen Navarro y el excoordinador de Recursos Humanos, Daniel Caneiro.

El juez investiga la comisión de posibles delitos continuados de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Guijarro declaró aquel día a Efe que acudía a declarar "muy tranquila con lo que hice cuando era concejal" y señaló que su imputación en este asunto se debe "a una persecución por parte de un sindicato policial, personificada en la figura del portavoz del gobierno actual, José Ramón González de Zárate".
 



 


El juez cita de nuevo a la exconcejal de Hacienda, investigada en la causa junto a Navarro, otro exconcejal socialista y dos funcionarios

 
Guijarro declarará el 4 de mayo por los supuestos enchufes en el Ayuntamiento de Benidorm
 

La exconcejal socialista Natalia Guijarro, anterior responsable de las áreas de Hacienda y Recursos Humanos en el Ayuntamiento de Benidorm, ha sido citada para declarar el próximo 4 de mayo ante el juez que investiga el caso de las presuntas contrataciones irregulares durante el mandato del socialista Agustín Navarro.

 
 

Guijarro declarará en calidad de investigada, después de que el pasado 6 de marzo el magistrado aplazara la vista en la que estaba previsto que compareciera la exedil, según explicaron entonces sus abogados, debido a la carga de trabajo y a la voluntad del juez de estudiar mejor la causa.

 
 

El Juzgado de Instrucción número 2, que instruye el conocido como "caso de los contratos", suma con Guijarro un total de cinco imputados en este asunto: el exalcalde Agustín Navarro, que actualmente es concejal y diputado provincial; los exconcejales del PSOE Juan Ramón Martínez y la propia Guijarro, ambos retirados ahora de la política activa; y otros dos funcionarios: la exjefa del departamento de Personal y el excoordinador de Recursos Humanos. A todos ellos se les investiga por presuntos delitos de prevaricación administrativa continuada, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

 

Los hechos objeto de la causa fueron denunciados en su día por el Sindicato Profesional de Policías y Bomberos (SPPLB) y tienen que ver con la firma de hasta 130 contratos temporales en el año 2010, de los que 43 habrían ido a parar a personas con vínculos familiares o políticos con el PSOE local, cuando el Gobierno central había prohibido taxativamente incrementar las plantillas para reducir la inmensa deuda que entonces tenían los ayuntamientos.

 

También, por la concesión de pluses, complementos y ascensos a funcionarios supuestamente afines desde finales de 2009 a 2012, entre otros hechos. La suma de todo ello generó un desfase presupuestario cercano a los 4,5 millones en el capítulo de Personal con respecto a lo que preveía el plan de ajuste municipal, según expuso en su día en distintos informes el interventor municipal.

 

Ya declaró como testigo

 

La declaración de Natalia Guijarro como imputada se sumará a la que ya realizó en su día en calidad de testigo para dar su versión sobre los hechos que se instruyen en esta causa. La exedil compareció a finales de 2015 ante el juez, junto a otros técnicos municipales, a petición del sindicato denunciante, el SPPLB, que desde que se inició la investigación ha presentado varias ampliaciones de su denuncia inicial, presentada en el año 2013.