Benidorm: Los denunciantes del caso "enchufes" recurren su expulsión del proceso

Los denunciantes del "caso Enchufes" de Benidorm recurren su expulsión del proceso

El SPPLB cuestiona su exclusión del proceso judicial por las presuntas irregularidades, alegando que su labor defiende los intereses colectivos de los trabajadores municipales.  www.informacion.es  www.alicanteplaza.es

Los denunciantes del llamado "caso Enchufes" de Benidorm un procedimiento judicial que investiga presuntas irregularidades en la contratación y gestión de personal en este Ayuntamiento durante 2009 y 2010,han presentado un recurso de súplica ante la Audiencia de Alicante en contra de su expulsión del proceso comoacusación particular.

El recurso, presentado por el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) cuestiona que el tribunal limitara su participación como acusación particular y les fijara una fianza de 12.000 euros para ejercer la acción popular. El secretario general del SPPLB, Francisco Ángel González, ha asegurado que con este recurso de súplica pretenden que "nos traten como un sindicato normal y corriente. Somos un sindicato humilde, con pocos recursos y luchamos por la restitución de los 4,5 millones de euros que se han perdido en las arcas municipales con estas presuntas irregularidades. No nos mueve nada más".

El sindicato defiende que posee legítimamente la condición de acusación particular desde 2014, acreditada mediante varios autos judiciales, y sostiene que su exclusión vulnera derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Según su recurso, los denunciantes, en su condición de funcionarios y policías locales del Ayuntamiento de Benidorm, habrían sufrido perjuicios económicos y morales derivados de las presuntas irregularidades en la gestión municipal, que incluyen malversación de fondos y tráfico de influencias.

El SPPLB argumenta que su labor como acusación particular no es individual, sino en defensa de los intereses colectivos de los trabajadores municipales, incluidos todos los afiliados al sindicato. Destaca que los delitos investigados afectan directamente a los funcionarios, a los procesos selectivos y a las condiciones salariales, lo que justificaría su personación en la causa.

Rebaja de la fianza

En caso de que la Audiencia confirmara la condición de acusación popular, el sindicato solicita subsidiariamente la rebaja de la fianza a 3.000 euros, alegando que la cuantía inicial podría impedir el ejercicio efectivo de la acción tras más de doce años de instrucción. También pide la ampliación del plazo para prestar la fianza, considerando insuficiente el periodo de ocho días otorgado por el tribunal.

El recurso será ahora valorado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que deberá decidir si revoca la exclusión como acusación particular o, en su defecto, reduce la fianza y amplía los plazos de actuación del sindicato en la causa.

El otro revés judicial es que la Audiencia ha dejado la causa con solo tres de los ocho acusados. El juicio se celebrará solo para el que fuera concejal de Recursos Humanos, Juan Ramón Martínez, y dos funcionarios que eran responsables de esta área entre 2009 y 2012. La causa se ha archivado para la exedil Natalia Guijarro y otros cinco funcionarios, porque su imputación se produjo sin que se el juzgado hubiera ampliado el tiempo en forma para continuar con la instrucción. En el recurso presentado, el sindicato hace constar su protesta contra este cierre de la causa para parte de los acusados.