Callosa de Segura: Un P.L pide que se investigue la desaparición de su arma

Un policía de Callosa pide a Subdelegación del Gobierno que investigue la desaparición de su arma

El agente ya denunció la retirada temporal de la pistola ante la Guardia Civil y el sindicato SPPLB alerta de la inseguridad en el entorno tras achacarse a un error

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Un agente de la Policía Local de Callosa de Segura (Alicante) ha elevado una petición a la Subdelegación del Gobierno para que se investigue la desaparición temporal de su arma, después de haber presentado una denuncia ante la Guardia Civil.

Desde el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) han denunciado que esta incidencia «aumenta la sensación de descontrol y desorientación en la dirección» de este cuerpo, así como la inseguridad.

El agente comprobó, al incorporarse al servicio, que el casillero de su arma estaba vacío y tampoco se encontraba la caja en la que la deposita, ni la guía. El jefe de Servicio tuvo que activar el protocolo para estos casos y contactar con el Puesto Principal de la Guardia Civil y que se realizara una investigación.

También debía estar informado de si su arma era utilizada en cualquier ilícito penal o conducta delictiva, que pudiera llegar a implicarle. El Intendente Jefe, como responsable de la custodia y depósito del armamento policial de la Policía Local de Callosa de Segura justificó lo ocurrido por «un error» de uno de sus subordinados, al que había dado la orden de retirar el arma de otro agente por incapacidad temporal, o sea, por enfermedad.

Para el SPPLB, esa circunstancia es «muy grave» además por la «revelación de datos personales protegidos, como es el estado de salud de un funcionario».

Paralelamente a la denuncia inicial, el agente elaboró un informe interno para dejar constancia de lo ocurrido y lo elevó al considerado Jefe Nato de la Policía Local, en este caso la alcaldesa, Amparo Serrano, con el fin de que se activaran las comprobaciones y medidas que correspondieran.

Asimismo, solicita que el asunto sea remitido, si procede, a la Intervención de Armas y Explosivos (ICAE/IAE) de la Guardia Civil para que valore lo sucedido dentro de sus competencias. Y ue se conserven las pruebas que puedan aclarar lo ocurrido, especialmente grabaciones de videovigilancia y cualquier registro de accesos o movimientos, para evitar que se pierda información relevante.

El entonces concejal de Policía, Javier Pérez Trigueros — que ha cesado recientemente de sus competencias, pero sigue en la Corporación municipal sin sueldo— ofreció una explicación pública en la que se limitó a «restar importancia al asunto y a justificar lo sucedido sin detallar qué controles fallaron ni qué medidas se adoptaron después», según el SPPLB.

En una rueda de prensa, afirmó que todo se debió a un «error», porque supuestamente se pretendía retirar el arma a otro policía, unas aclaraciones insuficientes, a juicio del SPPLB y del agente.

Por eso, el afectado señala también que desconoce si desde el Ayuntamiento se han adoptado medidas suficientes para asegurar esas evidencias o para esclarecer internamente lo ocurrido, motivo por el que ha decidido elevarlo a Subdelegación del Gobierno para «garantizar que se actúe con control y garantías».

Tampoco entiende los motivos por los que su arma de fuego ha estado sin supervisión, ni se le ha informado de qué persona ha sido la que la ha manipulado, ni durante cuánto tiempo.

«Tachamos los hechos de extremadamente graves y hemos solicitado de forma inmediata la investigación, mediante escrito dirigido a la alcaldesa, más si cabe cuando existen cámaras de videovigilancia dentro del armero policial», han abundado desde este sindicato.

«Revelación de secretos» sobre la salud de otro compañero

Además, aseguran que la supuesta retirada del arma reglamentaria al otro agente, afiliado también al SPPLB, se realizó «sin comunicación previa y sin transcurrir el plazo exigido en la ley» y van a estudiar si se incurrió en un delito de revelación de secretos por parte de funcionario público, al poner en conocimiento de terceros, sin autorización, información reservada sobre su salud, lo que pueden entrañar penas de multa e inhabilitación especial.

Denuncian que se vive «una situación insostenible, los agentes revelan persecuciones y tratos arbitrarios en la gestión diaria, especialmente con los afiliados al sindicato: además de todos los problemas diarios, ahora se añade que los policías temen que desaparezcan sus armas o que sean manipuladas en el interior del propio armero».

En consecuencia, como sindicato mayoritario de la Policía Local, «exige de forma inmediata la adopción de medidas cautelares para que este funcionario deje de hostigar y atacar de forma impune a sus miembros, y que una vez se realicen las investigaciones oportunas se aplique el régimen disciplinario».