El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), a través de sus representantes en el Ayuntamiento de Catarroja, exige que se tomen «medidas efectivas» respecto a las cinco denuncias de policías locales contra su superior por presunto «acoso laboral». «Hemos solicitado en varias ocasiones a la corporación que se llegue hasta el fondo, siguiéndose el protocolo antiacoso, respetando los plazos, velando por el sigilo y el secreto de las informaciones, y en todo caso que se depuren las responsabilidades en el caso de que se constataran tales hechos», explican.
«No se puede consentir hablando en términos de seguridad, que se haya producido una espantada de policías, funcionarios de carrera, a otras poblaciones antes que seguir soportado una situación que puede considerarse lamentable», añaden y señalan que esto provoca que «o bien el servicio queda en mínimos o éste debe reforzarse mediante operativos, con un gasto extra a las arcas del municipio».
Cinco agentes de la Policía Local de Catarroja han presentado sendas denuncias ante el Ayuntamiento de Catarroja por supuesto acoso laboral contra el comisario jefe y aseguran «estar recibiendo tratamiento médico por la ansiedad» que les causa esta situación. La administración local, al recibir las instancias a finales de diciembre del año pasado, puso en marcha el protocolo para estos casos y se realizó una primera reunión con los afectados con las autoridades locales.
Luego, transcurridos 40 días, fueron entrevistados por dos psicólogas y el representante de la empresa de riesgos laborales y, finalmente, «se realizó un pleno a puerta cerrada, como mantienen». No obstante, los agentes aseguran «no saber nada» y denuncian que «no se ha tomado ninguna medida visible». De hecho, «hemos denunciado ante la inspección de trabajo por no haberse cumplido los plazos establecidos en el protocolo estando aún a la espera de alguna resolución por parte de este órgano», advierten. Por su parte, fuentes del Consistorio consultadas por este periódico indican que se han llevado a cabo las medidas oportunas y que el caso sigue su proceso.
En las denuncias contra el mando, los agentes achacan la situación al «apoyo prestado a un compañero que se jubiló de forma anticipada por los daños psicológicos sufridos por el supuesto acoso laboral» y añaden el temor «a la represalias» que les puede acarrear interponer esta demanda contra su superior.
Algunos de los policías relatan que el comisario «ha abierto hasta seis expedientes contra agentes en los últimos nueve años, pidiendo sanciones que van hasta los seis años de suspensión de empleo y sueldo, para una compañera a la cual acusaba de revelación de secretos».
También añaden que «hasta en seis ocasiones solicitó por registro de entrada la apertura de expediente disciplinario a una agente, que fue resuelto por falta de pruebas y sin ninguna sanción», pero «tardó en resolverse hasta casi diez meses y casi tres años desde que se solicitó por primera vez la apertura de expediente disciplinario».
De igual forma, otros dos agentes, «fueron expedientados con tres faltas graves, por las que se les pedía hasta nueve meses de suspensión de empleo y sueldo». La resolución, «por parte de un comisario de Valencia, concluyó en que únicamente había una falta leve prescrita (hasta un máximo de 4 días, en caso de no haberlo estado)». «A otro agente le solicitaba dos faltas graves, resolviéndose por el mismo comisario, sin ningún tipo de infracción punible», añaden.
Según señalan, «el presunto acoso al que se ven sometidos constantemente diferentes agentes de este cuerpo es ya insoportable, hasta el punto que varios policías han decidido abandonar temporalmente este cuerpo y marcharse en comisión de servicios a otros municipios». «Actualmente cinco agentes están comisionados y al menos «entre 10 y 12 están buscando otra localidad» para realizar una permuta o comisión y alejarse lo máximo posible de este responsable. Este periódico intentó ponerse en contacto con el comisario jefe de Catarroja, en varias ocasiones, sin obtener respuesta.
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