Los funcionarios de la policía de Vila-real estudian ir al juzgado por la conciliación familiar

 

SPPLB asegura que el Ayuntamiento incumple un decreto que permite reducir jornada en varios supuestos. El bipartito tiene "dudas jurídicas"

La fachada del ayuntamiento de Vila-real. E.M.

Los funcionarios del Ayuntamiento de Vila-real se plantan ante el equipo de gobierno por la conciliación laboral y familiar. En concreto, es el sindicato SPPLB -que representa a los cuerpos de seguridad- quien lamenta el «incumplimiento» de un decreto autonómico que permite a los trabajadores municipales beneficiarse de ciertas medidas para conciliar.

El portavoz de SPPLB, Cirilo Sanchis, explicó que se trata de un decreto del Consell que sustituye a otro de 2006 y que entró en vigor en abril del año pasado. En uno de sus apartados, asegura Sanchis, se permite a los trabajadores públicos reducir su jornada hasta en una hora diaria en los siguientes supuestos: «tener un menor de tres años; tener dos menores de doce años; tener un menor con discapacidad y, por último, cuidar de un ascendente con un grado de minusvalía superior al 33 por ciento y con cierta dependencia».

«El equipo de gobierno responde a quienes cumplen con estos requisitos que el decreto no es aplicable, pero está probado que sí lo es», afirma Sanchis, quien subraya que «la propia legislación estatal recoge que el desarrollo de la normativa relacionada con los funcionarios depende de cada comunidad autónoma; además, en la propia web del Consell hay un informe que dice que el apartado sí es aplicable».

SPPLB insiste en que «esto no es una problemática solo de Vila-real; se da en muchos otros municipios». En este sentido, el sindicalista indica que «al tratarse de un ayuntamiento, sólo nos queda una medida: ir al juzgado. La vía judicial es la única que tenemos a nuestro alcance ante esta falta de voluntad del equipo de gobierno. Valoramos hacerlo».

Por otra parte, el portavoz de SPPLB subraya que, con el paso del tiempo, las situaciones que amparan la reducción de jornada pueden, lógicamente, variar. Por ello, «se solicitarán medidas compensatorias por esas horas perdidas». Derechos que «ya se están aplicando en diversos municipios de la provincia y de la Comunidad, pero parece ser que los trabajadores del Ayuntamiento de Vila-real son los que tienen que pagar las deudas de ciertos equipos de gobierno y del actual, siéndoles negado todo sistemáticamente», concluye el portavoz de SPPLB.

Sanchis puntualiza que la situación afecta a todos los funcionarios. Únicamente en el cuerpo de la Policía Local, «hay una falta de personal que agrava toda la situación. Hoy por hoy, con los efectivos que hay, la plantilla no podría responder ante un gran servicio que se demande en Vila-real», argumenta Sanchis, en relación a la convocatoria pendiente de las 11 plazas de policía que debe tramitar el Ayuntamiento, ya con el visto bueno del Consell.

"DUDAS JURÍDICAS" DEL AYUNTAMIENTO

Por su parte, el concejal de Recursos Humanos, Álvaro Escorihuela, indica que el Gobierno emitió un informe que, «aunque no lo aclara al 100%», deja entrever que «los municipios no se rigen por el decreto autonómico, si no por la ley estatal. Por ello, no es de obligatorio cumplimiento». Asimismo, el edil puntualiza que la situación presupuestaria del Ayuntamiento no permite la reducción de jornada que se contempla en la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local y ello arroja en el equipo de Recursos Humanos «dudas jurídicas» sobre la denuncia de SPPLB.

Por el momento, el Ayuntamiento estudia el informe del Gobierno sobre el asunto y, en breve, la Jefatura de Personal del consistorio emitirá otro informe que arroje luz sobre la problemática, después de estudiar el tema en profundidad. Respecto a la Mesa de Negociación, Escorihuela anunció que se celebrará otra cita próximamente -después de las dos sesiones de diciembre- y, a la misma, se elevarán las nuevas 11 plazas en propiedad de la Policía Local.