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PRENSA

PROTESTA ANTE LA DELEGACION DEL GOBIERNO

06 junio 2009 876 visitas
Alrededor de 400 funcionarios municipales protestaron ayer frente a la Delegación del Gobierno tras la impugnación por parte de la institución del último convenio colectivo firmado entre el personal del Ayuntamiento y los sindicatos.
La concentración, que incluyó el corte de la marginal derecha del cauce, causó importantes problemas de tráfico al bloquear una de las principales arterias que bordea el centro histórico.
En la práctica, la actualización del documento que regula el trabajo de los funcionarios municipales supone un incremento salarial (entre 150 y 300 euros al mes) así como una serie de mejoras sociales, desde becas escolares y bonos para guarderías hasta el reconocimiento de más derechos por sufrir una discapacidad.
En su labor de control de las Administraciones Locales, el delegado del Gobierno recurrió al juez para determinar si el convenio se ciñe a la Ley de Presupuestos del Estado, ante la indignación de los tres sindicatos firmantes, CSI-CSIF, Sindicato Profesional de Policías y Bomberos e Intersindical. Es más, fueron estos colectivos los que organizaron la concentración.
La protesta respondía a la negativa del delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, de entrevistarse con los portavoces sindicales. De hecho, la protesta sólo concluyó cuando desde el gabinete de Peralta se les citó a una reunión el próximo martes a las 18 horas, con la idea de acercar posturas.
Entretanto, los manifestantes cortaron la marginal derecha del cauce a la altura de la plaza del Temple. La ocupación de la calzada se prolongó más de 30 minutos, y debido al colapso de la vía, finalmente se permitió que los coches fluyeran poco a poco por un único carril, provocando un atasco a media mañana que llegó hasta las inmediaciones del paseo de la Pechina y causó problemas durante cerca de dos horas.
«Creo que se trata de un problema de formas más que de fondo. La impugnación nos quita hasta mejoras sociales logradas en anteriores convenios, como pequeñas productividades semestrales u horarios. Queremos arreglar esto porque aunque el sueldo de un funcionario es digno, tampoco es para tirar cohetes», explicaba Juan Martínez, secretario de la sección sindical del CSI-CSIF en el Consistorio.
Por su parte, Jesús Santos, representante municipal del SPPLB-CV, destacó que hacía dos semanas que se le había pedido una entrevista a Peralta, sin obtener respuesta. «No entendemos como un ex abogado laboralista no atiende las reclamaciones de los trabajadores. Vamos a pelear hasta el final», señalaba.
«Le pedimos que desista de la judicialización de los procesos de negociación colectiva. La ley prevé vías de arbitraje, mediación y diálogo que no se han tomado. Si hace 30 años el convenio era legal, ¿por qué este año no?», se preguntaba Jesús Giménez, representante de Intersindical (STA).
Antes, Peralta replicaba que los sueldos pactados excedían lo contemplado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, al incrementarse tanto el año pasado como el presente más que la subida del IPC. Por ello, pidió explicaciones al Ayuntamiento, y ante su silenció, recurrió a los juzgados.
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