SPPLB: La justicia condena al Ayuntamiento de Alajeró

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Un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo estima íntegramente la pretensión de su único Policía Local, condenando al Ayuntamiento pago de las costas del procedimiento.

 

El Ayuntamiento de Alajeró vuelve a ser tristemente noticia en el ámbito judicial. En esta ocasión, la Corporación regida por el socialista Manuel Ramón Plasencia Barroso, ha recibido un serio correctivo por parte de la Justicia, a causa de dos resoluciones suyas, absolutamente arbitrarias, que han sido declaradas como no ajustadas a derecho.

 

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El desencadenante de este varapalo comienza cuando el único Agente de Policía Local de este Ayuntamiento, en el ejercicio de sus funciones, identifica a un individuo sospechoso, averiguando que sobre el mismo pesaba una orden de detención e ingreso en prisión. Por este motivo procedió a su inmediata detención, y a su traslado hasta San Sebastián de la Gomera por indicación de la Guardia Civil del Puesto de Tecina.

 

El Alcalde de Alajeró, ante la petición de compensación de tiempo libre por la prolongación de la jornada del Agente, no sólo decidió negarle la petición de descanso por el tiempo extra trabajado, sino descontarle de la nómina esas horas. Dicha arbitrariedad, defendida con argumentos sin fundamentos, fue recurrida por el Agente, viendo cómo la Justicia le ha dado la razón en todos y cada uno de sus argumentos.

 

Ante la desestimación completa de la sinrazón defendida por el Alcalde de Alajeró, la Corporación deberá pagar íntegramente las costas procesales del procedimiento, así como la devolución de las retribuciones descontadas al Agente más los intereses legales correspondientes.

 

Según Zebenzuí González Rancel, Secretario Autonómico del SPPLB en Canarias, “la animadversión del Alcalde contra este Policía Local, del todo conocida por las denuncias formuladas ante la Jefatura Provincial de Tráfico, la Inspección de Trabajo, o la Fiscalía, ya ha tenido su primera consecuencia. Este revés evidencia la miopía y la soberbia con la que se tratan los asuntos en ese Ayuntamiento, el cual tiene que ser noticia mes sí, mes también”.  

 

La sentencia judicial, contra la que no cabe recurso, impone el pago de las costas del procedimiento al Ayuntamiento, lo que se traduce en que la carga económica de los abusos que se están cometiendo recaerán sobre las espaldas de los vecinos y vecinas de Alajeró.