Beninoticias.com Lunes 05 de Diciembre de 2011
Desde el SPPLB hemos comentado en más de una ocasión la escasa o nula intención por parte de la Administración en la aplicación de las sentencias que favorecen a determinados trabajadores municipales, mientras que ejecutan con toda celeridad las mismas sentencias para otros. Esto, que desde esta central, se ha considerado siempre como una doble vara de medir y por tanto una injusticia, cometida sobre determinados trabajadores e incluso una discriminación por parte del Sr. Martínez, cuando ostentaba la concejalía de RRHH, nos ha obligado a reclamar en varias ocasiones y por vía judicial la ampliación y la ejecución de sentencias.
Este es el caso de la sentencia que obligaba al Ayuntamiento de Benidorm a pagar las dietas por desplazamiento a un curso del IVASP a varios oficiales de la Policía Local.
A modo de resumen de todo el proceso señalaremos que una vez dictada sentencia a favor de varios oficiales, se solicitó por parte de esta central la extensión de la sentencia para el resto de los oficiales en las mismas circunstancias, siendo esto recurrido por el Ayuntamiento mediante súplica y fallando el Tribunal nuevamente en contra del Ayuntamiento.
Aún a pesar del auto condenatorio dictado por el Tribunal, el Ayuntamiento siguió sin hacer efectivo el primer auto del juez que hacía extensiva la sentencia al resto de oficiales, por lo que el SPPLB se vio en la necesidad de requerir al Juzgado la ejecución forzosa de la citada sentencia que se ha producido mediante Diligencia de Ordenación del Juzgado de lo Contenciosos Administrativo nº 4 de Alicante, de fecha 25 de noviembre de 2011 que requiere al Ayuntamiento para que en el plazo de diez días “la lleve a puro y debido efecto”.
Así mismo y por ese mismo Juzgado se ha dictado, también, Diligencia de Ordenación con fecha de 23 de noviembre de 2011 para que en el plazo de diez días, el Ayuntamiento comunique al Juzgado “el estado en que se encuentra la ejecución” de una sentencia dictada a favor de uno de los oficiales de la Policía Local, “los motivos por los que no se ha dado cumplimiento” y “el nombre de la autoridad o funcionario responsable de ello a efectos de imposición de multa coercitiva prevista en el art. 112 LRJCA”.
Como vemos, la dilación injustificada en la ejecución de una sentencia judicial, amén de la celebración de los distintos juicios y de las minutas satisfechas al abogado externo contratado al efecto por parte de la Administración, hay que sumar ahora la posibilidad de que un funcionario pueda ser multado por algo que entendemos que no es su responsabilidad, porque la Administración no puede decir que, al menos desde esta central, no se le ha solicitado en innumerables ocasiones la ejecución de estas sentencias.
Hacer constar que en el mes de Julio de este mismo año, el que suscribe y dentro del talante negociador de esta central sindical, nos entrevistamos con la Sra. Guijarro y se comprometió a hacerla efectiva en el mes de Agosto, no contenta con eso, también se lo prometió a uno de los Oficiales implicados, y como dice el refrán “ El que duerme con un cojo, si no cojea ranquea”, fuimos engañados.
Menos mal que el Sindicato profesional, después de haber constatado la falta de credibilidad por la que se ha caracterizado este equipo que nos gobierna en minoría , solicitamos la ejecución forzosa de ambas sentencias, por las que el Ayuntamiento de Benidorm deberá abonar casi, 25.000 € más los intereses, por la cabezonería del Sr. Martínez, y lo mas grave, de la siguiente sentencia, saldrá malparado el Funcionario que le haya seguido la retahíla a este equipo de gobierno porque será multado coercitivamente, como se desprende de la diligencia de ordenación.
Por lo tanto, Sr. Navarro, Sr, Martínez, Sra. Guijarro, el cuento de Pinocho ya nos lo conocemos todos, la justicia es lenta pero justa y acorrala a los que provocan discriminaciones, a los que mienten, a los que por su ineptitud politica cometen agravios comparativos y una vez más, y por partida doble, el SPPLB gana en los tribunales y le obliga a pagar lo que deben y además con los intereses de las arcas municipales de todos los ciudadanos, a pesar que fueron avisados.
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