Miércoles, 09 de Febrero de 2011 radiosirena.es
Ha llegado la sentencia por la denuncia interpuesta por este sindicato respecto al derecho de abono por parte de unos trabajadores, por la que el Ayuntamiento deberá abonar más de 39.000 euros a los ocho oficiales a los que no se le pagaron las dietas por la asistencia a un curso de capacitación y que sí que recibieron otros trabajadores en las mismas circunstancias.
Después de que se le otorgaran unas dietas más intereses a un oficial de la policía por la asistencia a un curso de capacitación, ya en octubre, salió una sentencia en la que se reconocía el derecho a percibir esas dietas a dos trabajadores más que también realizaron dicho curso. Por este motivo, el Sindicato Profesional de Policías, Bomberos y Funcionarios (SPPLB ) exigió a la Administración que esta misma sentencia se extendiera al resto de oficiales que también acudieron ya que, de lo contrario, tal como nos recuerda el secretario de dicho sindicato, Francisco Ángel González, se estaría incurriendo en agravios comparativos.
"En este mismo sentido, el SPPLB, a través de su Departamento Jurídico, solicitó medidas cautelares en el Juzgado, a la espera de la resolución de esta situación que, una vez más, resultaba discriminatoria para una parte de los trabajadores a los que no se le aplicaba, en situaciones análogas, las mismas compensaciones e incluso, las mismas resoluciones judiciales" explica González.
Finalmente, el Juzgado ha dictado el auto mediante el cual dispone que se haga extensión de la sentencia por la que se reconocía el derecho de abono de unas cantidades en concepto de indemnización y condena al Ayuntamiento de Benidorm, al abono de las dietas, a los 8 oficiales la cantidad de 39.240,88 euros, mas los intereses legales de la citada suma, "y todo esto, litigando con un abogado externo al que, por supuesto, habrá que pagar también su minuta y que fue contratado con los 10.000 euros que estaban destinados a realizar la Valoración de Puestos de Trabajo (VPT)" recuerda el secretario.
La actitud "prepotente y caciquil" del Concejal de RRHH, D. Juan Ramón Martínez, afortunadamente, ha vuelto a ser corregida por la JUSTICIA y una vez más, nos da la razón" explica el secretario del Sindicato.
"La actitud del Sr. Martínez, es nociva y tóxica para los trabajadores Municipales, en tanto que piensa que puede ejercer sus poderes políticos sin limitación jurídica, como si esto fuese la ciudad sin ley" expresa González.
La juez dice que se trata de una "cuestión jurídica" que determina que, la misma interpretación y consecuencias deben ser aplicables a aquellas personas en la misma situación.
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